- Por primera vez en la CEDAW se presenta un informe sombra centrado en la violencia que reciben las mujeres migrantes en España.
- El informe revela que el Estado español no hace lo suficiente para proteger a las víctimas cuando éstas son migrantes, la situación se agrava si las víctimas están en situación administrativa irregular.
- El informe completo se puede descargar en: shorturl.at/houH0
Ginebra 15 de mayo de 2023. A las 15:30 horas de este 15 de mayo, tres organizaciones españolas presentaron en la sede de Naciones Unidas (NNUU) en Ginebra un informe sombra sobre la violencia basada en género de la que son víctimas las mujeres migrantes en España, el cual revela que el Estado español no protege lo suficiente a las víctimas de violencia machista cuando estas son migrantes.
La coalición de organizaciones que elaboró y presentó el informe está conformada por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Red Latinas) y Fundación para la Convivencia ASPACIA, tres entidades de la sociedad civil que vienen realizando un arduo trabajo en la prevención e incidencia para erradicar la violencia machista hacia las mujeres migrantes.
“A partir de las investigaciones y las historias de vida que hemos documentado en Tirar del Hilo se deduce que las políticas públicas no están respondiendo a las diferentes realidades que experimentan las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, en especial a las mujeres migrantes en situación irregular. Sigue existiendo una falta de perspectiva de género e interseccional entre funcionarios, operadores judiciales y profesionales de la intervención, que se traduce en una grave desprotección hacia las mujeres víctimas; la justicia sigue siendo lenta, las diversas formas de violencia sobre la mujer no son lo suficientemente reconocidas como la violencia económica, la sexual o la reproductiva o la violencia institucional; siguen enfrentando estereotipos y prejuicios que las revictimizan”, explica Tatiana Retamozo, Coordinadora del Programa Derecho de las Mujeres en AIETI e integrante de Asociación AMALGAMA.
El informe, que se presenta en el marco de la 85ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), analiza aspectos clave como la falta de certeza de inclusión de las mujeres migrantes en los datos de la Macroencuesta sobre violencia contra la mujer que se publica cada cuatro años en España, la representación estereotipada de las mujeres migrantes en las campañas de prevención y denuncia, los condicionamientos migratorios y estereotipos racistas que enfrentan las mujeres migrantes cuando quieren hacer una denuncia de violencia sexual, entre otros.
Uno de los temas más graves que las organizaciones han puesto sobre la mesa este lunes es la prevalencia que sigue teniendo el estatus migratorio de las víctimas, lo que condiciona su decisión de denunciar. “Es decir, se limita la protección de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género a que denuncien y cuenten con una sentencia condenatoria. Por lo que, si se solicita una orden de protección sin éxito o si el procedimiento penal no culmina con una sentencia condenatoria, las mujeres pueden ser expulsadas de España”, según explica el informe.
“La legislación vigente en materia de violencia de género, sexual y extranjería condiciona la autorización de residencia y trabajo a que denuncien y obtengan una condena favorable, en la práctica, se traduce en desprotección y discriminación hacia las mujeres migrantes. Cuando denuncian se enfrentan a revictimización, estereotipos y prejuicios, así como violencia institucional generando un gran impacto sobre su salud y su vida”, explicó Lucy Polo Castillo, representante Red Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, durante su intervención en la sesión de la CEDAW.
Ausencia o representación estereotipada de las mujeres migrantes
Uno de los primeros aspectos en los que se centra informe es la representación de las mujeres migrantes en las cifras, datos y estadísticas sobre violencia de género hacia las mujeres en España. En este sentido, el documento explica que La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género realiza la “Macroencuesta de violencia contra la mujer”, la cual solamente solía incluir la violencia por razón de género ejercida por la pareja o expareja, y de manera reciente, toma en cuenta la violencia sexual, siendo la última Macroencuesta la del 2019.
A pesar de la importancia de esta Macroencuesta, que se suele realizar cada 4 años, no existe certeza de que incluya a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular puesto que la encuesta se refiere a “mujeres residentes”, lo cual impide saber si por residentes se entiende residencia legal.
Por otro lado, de los 48 estudios e investigaciones de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que se realizan desde 2009, ninguno está enfocado en las mujeres migrantes y/o en las mujeres migrantes en situación administrativa irregular y la violencia por razón de género. Solamente hay un estudio sobre tráfico y trata de mujeres en España, dos acerca la mutilación genital femenina y uno que se refiere a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Asimismo, las organizaciones denuncian que en el ámbito estatal, “no contamos con ninguna campaña sobre la violencia por razón de género que coloque en el centro a las mujeres migrantes, racializadas y en situación administrativa irregular, de manera no estereotipada. Tampoco se cuenta con ellas para el diseño e implementación de estas”, explica el informe.
Frente a estas ausencias, la coalición presenta recomendaciones que incluyen la participación de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular en la próxima Macroencuestas de violencia contra la mujer, el desarrollo de una encuesta y estudios e investigaciones centrados en las mujeres migrantes y/o en las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, así como el desarrollo de campañas para la eliminación de la violencia por razón de género hacia las mujeres migrantes, contando con la participación activa de las supervivientes y expertas migrantes en el diseño de las mismas.
El estatus migratorio por encima de los derechos de las víctimas de violencia sexual
“Para la Fundación ASPACIA, entidad especializada en la lucha contra la violencia sexual, es fundamental poder estar y presentar un Informe Sombra, que visibilice y evidencie la discriminación de género e interseccional que viven las mujeres migrantes supervientes de violencias sexuales en España”, ha expresado Priscila Cabrera Ventura, Coordinadora de Desarrollo Estratégico. Responsable de incidencia e investigación. Fundación ASPACIA.
El informe dedica un apartado a explicar cómo el Estado español, a través de las leyes, impone a las víctimas de violencia sexual una serie de limitaciones que desmotivan la denuncia de agresiones sexuales. Con la aprobación de la llamada Ley del Solo si es Si existía la expectativa por parte de la sociedad civil de que esta ley protegiera y garantizara los derechos de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular víctimas de violencia sexual permitiendo para la autorización de residencia y trabajo utilizar otras vías y fórmulas que las acreditaran como víctimas. “No obstante, una vez más se primó el control migratorio sobre los derechos humanos de las mujeres, existiendo la idea por parte de algunas autoridades españolas de que si se permitía acreditar la violencia sufrida para conseguir la residencia a las mujeres mediante otras fórmulas más allá de las relacionadas con la denuncia y condena, esto generaría un ‘coladero’ de mujeres migrantes en España. Reproduciendo de nuevo el estereotipo de género sobre las mujeres migrantes como mentirosas o manipuladoras de algo tan grave como la violencia sexual”.
Para acabar con estas formas de discriminación, AIETI, Red Latinas y Fundación Aspacia proponen una serie de recomendaciones que incluyen modificaciones sustanciales a la legislación sobre la violencia contra la mujer y extranjería. “Recomendamos al Comité CEDAW inste al Estado Español a Modificar la Ley Orgánica 1/2004 sobre violencia de género, la ley de extranjería 4/2000 y la Ley Orgánica 10/2022, de violencia sexual para que no se condicione la autorización de residencia y trabajo provisional por circunstancias excepcionales a una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal, ni a un procedimiento penal que concluya con una sentencia condenatoria, brindando la posibilidad de autorización mediante informe de los servicios sociales y/o especializados desde la Administración Pública competente” expresaron las organizaciones en Ginebra.
“Por los derechos humanos de todas las mujeres migrantes, que viven y son objeto de violencia de género y de violencia institucional, demandaremos al Comité de la CEDAW, que se eliminen todas las formas de discriminación y que se garanticen sus derechos en condiciones de igualdad” concluye Priscila Cabrera de Fundación Aspacia.
