Desde la Asociación de Investigación y Especialización Sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y la RED de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe estamos comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres migradas en España, llevando a cabo un trabajo de incidencia política basado en el estudio riguroso de la realidad. En 2018, se publicó el primer Informe donde analizamos los datos estadísticos oficiales sobre violencia de género, para conocer en profundidad el impacto de esta lacra social en nuestro colectivo. Este análisis cuantitativo se realizó en el marco de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero[1] y permitió hacer propuestas orientadas a la aplicabilidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, firmado en diciembre de 2017. En 2020, se publicó el segundo informe sobre violencia de género en mujeres migradas. Lo que presentamos a continuación es el tercer informe actualizado en esta materia. Se pueden ver en https://tirardelhilo.info/index.php/otros-estudios/

Nuestros resultados indican que las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las estadísticas sobre violencia de género, pero además, hallamos que esta sobrerrepresentación se reproduce y sostiene en el tiempo, permitiendo inferir que los procesos de integración social en España, con una historia inmigratoria de más de 30 años, tienen un escaso impacto en términos de prevención y protección frente a la violencia de género, en el caso de las mujeres migradas. Los feminicidios de mujeres migradas supusieron el 34% sobre el total de feminicidios ocurridos entre 2003 y 2021 (394 en números absolutos), lo que significa que estos asesinatos ocurrieron entre 10 y 11 mujeres por cada millón de mujeres migrantes residentes en España, mientras que los asesinatos de mujeres españolas, durante ese mismo período, ocurrieron entre 1,7 y 2 mujeres por cada millón de españolas.

A pesar de que la violencia de género afecta más a las mujeres migradas, la protección sobre estas es débil: proporcionalmente son menos en los programas de seguimiento telemático y reciben en menor número las ayudas económicas públicas. Esta desprotección se amplifica en las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, que se encuentran en situación de irregularidad administrativa. La Ley de Violencia de Género vigente, al igual que la Ley de Garantía de la Libertad Sexual[2] amparan a las víctimas extranjeras, pero quienes no tienen autorización de residencia se arriesgan a ser expulsadas si su denuncia no prospera. Las mujeres migradas víctimas de violencia machista, especialmente las que están en situación de irregularidad, acuden con temor a las instituciones públicas, porque sienten que sus testimonios están bajo sospecha.


[1] El primer informe “MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA en el marco, de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero”, analiza cifras entre 2003 a 2017. https://aieti.es/wp-content/uploads/2020/02/Violencias-Gen-Muj-Migr-.pdf

[2] Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630