Más de 30 organizaciones hemos denunciado en Ginebra que el Estado español incumple su obligación de garantizar el derecho a la salud y suspende en prevención de la violencia sexual y de género. AIETI ha participado en el Informe Sombra sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), elaborado por un grupo de 36 organizaciones para el examen periódico de España.por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en marzo de 2018. En él se analiza cómo, desde 2012, las políticas y normas de austeridad adoptadas al amparo de la crisis económica y bajo el pretexto de reactivar la economía, han causado una importante regresión en el reconocimiento y el goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y han ampliado la brecha de desigualdad económica y social en España. Este informe se centra particularmente en la obligación del Estado español bajo el Artículo 2 (máximo de los recursos disponibles), el Artículo 12 (el derecho a la salud, en particular de los derechos sexuales y reproductivos), y el Artículo 7 (derecho al trabajo). En línea con la nueva metodología para los exámenes periódicos, el informe presenta información relevante en relación con los puntos 1, 2, 9, 21, 26 del Listado de Cuestiones previas al reporte (LOIPR) que se le han formulado al Estado español. No pretende brindar un análisis exhaustivo de las políticas relativas a los DESC en España, sino ofrecer información y evidencia sólidas sobre temas que preocupan especialmente al grupo de organizaciones signatarias.
Tal como se muestra en el presente informe, pese a las recomendaciones emitidas por el Comité en 20121 y las resultantes de la Evaluación Periódica Universal de España en 2015 en el sentido de incorporar una perspectiva de derechos humanos en su respuesta a la crisis, el Estado Español no solo no ha desistido en sus políticas de austeridad sino que las ha profundizado; por ejemplo, buscando activamente ante las cortes nacionales derogar cualquier medida que las Comunidades Autónomas (CCAA) adopten para proteger el acceso a la salud de la población inmigrante en situación irregular más allá de los mínimos discriminatorios establecidos por el Real Decreto Ley 16/2012, el cual excluyó a los inmigrantes en situación irregular de la cobertura universal en salud con cargo a fondos públicos. Esta conducta del Estado ha generado una prolongada y continua afectación a los DESC de las poblaciones más vulnerables y ha ampliado las enormes brechas socioeconómicas, de género
y territoriales existentes. Entre los colectivos más afectados se encuentran las y los inmigrantes en situación administrativa irregular, la niñez y las mujeres.
Descarga aquí el informe completo
