“No podría tener un mejor título” estás las palabras de Rita Bosaho, Directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad, presente en la rueda de prensa telemática del jueves 12 de noviembre donde se presentó el informe ‘Cuidados y violencias: lo que la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto en el Estado Español’ elaborado por La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en coordinación con la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI).

Os dejamos algunas de las conclusiones y recomendaciones.

“Como directora general, y como mujer negra migrada, es un enorme placer estar en la presentación de un documento político importantísimo ya que me ha situado en el punto de partida de que todavía nos queda mucho trabajo en este país”, admitía Bosaho quien se ha comprometido con “el empoderamiento político y cultural” de las mujeres migradas. “A pesar de los errores, nuestra acción de Gobierno está integrada hacia un pais feminista y antirracista por lo que buscamos la interseccionalidad”.  
Según Bosaho, este objetivo solo se cumplirá si las instituciones públicas trabajan con las organizaciones de las mujeres migrantes. “Deben estar presentes en la cuestiones de los asuntos públicos para que este país camine con justicia”. Y es que el informe visibiliza las violencias machistas y las desigualdades estructurales que venían sufriendo las mujeres migradas, y que se han incrementado debido a la pandemia de coronavirus.  
“Refleja nuestra realidad desde nuestras experiencias y vivencias y recoge nuestras demandas y propuestas”, explica Tatiana Retamozo de la Red Latina, que desde Madrid ha participado en una presentación en la que también han estado desde sus respectivas sedes territoriales, integrantes de la Red como Silvia Carrizo, de la Asociación Malen Etxea (Gipuzkoa), Lucy Polo,de  Asociación ‘Por ti Mujer’ (Valencia), Carolina Elías, SEDOAC – Servicio doméstico activo (Madrid) y Silvina Monteros Obelar, ESCODE – Estudios y Cooperación para el Desarrollo (Granada).  

“Todavía existe una concepción colonial y clasista sobre las trabajadoras migrantes”
En el mes de agosto, el Régimen Especial de Empleo de Hogar contaba con un total de 371.459 personas, de las cuales un 90% son mujeres, según la Seguridad Social. Sin embargo, la cifra no refleja la realidad de un sector laboral en el que los contratos laborales siguen brillando por su ausencia. “Las cifras oficiales de despidos de empleadas de hogar durante la pandemia no dan cuenta de la realidad, ya que muchas de nosotras no teníamos contrato laboral”, señala el informe. Y es que, tal y como ha recordado Silvia Carrizo, de la Asociación Malen Etxea, nos encontramos ante “un sistema de trabajo servil” que lejos de disminuir ha aumentado.  
Las condiciones laborales de los empleos relacionados con los cuidados han empeorado. “Por miedo al contagio, las familias están requiriendo trabajo interno en mayor proporción que antes limitando los movimientos y salidas de las empleadas, lo que supone un retroceso en nuestra lucha contra el régimen de internas, por ser caldo de explotación y abusos”, entre los que se incluyen las violencias machistas. “Todavía existe una concepción colonial y clasista sobre las trabajadoras migrantes”, añadía Carrizo quien mantiene que “no está en la cartera de nadie que se garantice la igualdad para las mujeres migrantes”.  
“Nuestro lugar de trabajo mayoritariamente son los hogares, el campo y los servicios. Si estábamos internas, además, nos hemos quedado en la calle”, denuncian en un informe en el que explican cómo “la COVID-19 ha precarizado aún más las condiciones de vida”. Y es que tras un despido la falta de ingresos económicos dificulta el mantenimiento de una vivienda; si las trabajadoras tienen menores a su cargo estos sufrirán una brecha digital y educativa al no tener acceso a material escolar o Internet.  
“Estamos incluidas en el mercado laboral, pero excluidas de la ciudadanía”, añaden señalando la incoherencia que supone trabajar en un sector considerado “esencial” para el desarrollo económico del conjunto del país. “Uno/a de cada dos trabajadores/as extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea: limpiadores y asistentes (40%), minería y construcción (20%) y cuidados personales (12%)”.  
Los casos de violencia de género sobre mujeres migrantes son el 35%: “Estamos preocupadas”
Además del ámbito laboral y económico, los colectivos redactores del informe muestran su especial preocupación por las violencias machistas que sufren las mujeres migradas que, según el sistema VioGen de las fuerzas de seguridad, representan el 35% de los casos de violencia de género. “Pese a esta sobrerrepresentación estamos más desprotegidas”, advierten ya que su acceso a los sistemas de protección y a los “escasos puntos de información y atención de la salud sexual y reproductiva” está limitado a la regularización de su situación en España.  
“Se necesitan cambios para que no nos quedemos atrás”, reconocía desde la Asociación ‘Por ti Mujer’, Lucy Polo. Mientras, Bosaho, ha añadido que es una responsabilidad del Gobierno “garantizar la protección de las mujeres migradas víctimas de violencia de género, especialmente a aquellas en situación administrativa irregular”. 

Este es uno de los principales escollos que también dificulta su acceso a ayudas económicas destinadas a víctimas de violencia de género. “Del total, sólo un 13,3% han beneficiado a mujeres migradas mientras que la Renta Activa de Inserción solo ha recaído en un 23% de extranjeras”.  
Ante realidades como está el informe recoge una solución clara: aplicar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y es que desde este acuerdo se aprobaron medidas como: la protección obligatoria de cualquier mujer, independientemente de su situación irregular; evitar la revictimización; o la concepción de todas las violencias machistas, no solo aquellas ejercidas en el ámbito de la pareja o expareja.  
“No solo es fundamental el personal sanitario, también las profesiones que centran su trabajo en la limpieza y los cuidados”
Según explica el informe, “la crisis del COVID-19 ha puesto en el centro la importancia de los cuidados. Durante el estado de alarma y en esta crisis, no solo es fundamental el personal sanitario, sino también todas las profesiones que centran su trabajo en la limpieza y los cuidados”.  
Ante la infravaloración de este tipo de empleos, se presentan desigualdades como la que refleja el Índice de Pobreza: se sitúa en 24 puntos para el conjunto de la población residente en España, mientras que asciende a 54 para la población extranjera no comunitaria. 
La situación del conjunto de las personas migrantes, y en especial de las mujeres, debe ser un indicador suficientemente importante para tomar medidas como “garantizar el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas independientemente de su situación administrativa; asegurar condiciones de salubridad habitacional y residencia, sobre todo en las campañas agrícolas; la eliminación del régimen de interna; la integración plena del empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad social; la creación de cauces administrativos y jurídicos ágiles para reclamaciones o denuncias; o el refuerzo de los servicios en salud mental a mujeres migradas en situación de vulnerabilidad”.  
Tal y como recuerdan desde los colectivos de mujeres migradas, si el objetivo social ante esta pandemia era “no dejar a nadie atrás”, la adopción de acciones como estas debe estar en la agenda política.